El consejo de Ministros ha aprobado el informe de Anteproyecto de Ley de Convivencia Universitaria que busca establecer un marco adecuado para que los miembros de la comunidad universitaria puedan llevar a cabo el ejercicios de sus derechos y libertades.
Esto afecta a los estudiantes de las universidades pública de España y personal de administración, además al personal docentes. Por tanto, no será de aplicación en las universidades privadas.
El acuerdo contempla la aprobación de las normas de convivencia, en las que cada centro deberá de contar con medidas de prevención y respuesta frente a la violencia, la discriminación y el acoso. La universidades podrán sancionar a quienes alteren esa convivencia o el funcionamiento del centro. Por ello, se establecen distintos tipos de falta que varían en función de la intención, la reiteración o el daño.
– Muy graves: llevar a cabo novatadas que dañen la dignidad de las personas. Alterar o falsificar documentos, además del plagio de obras. Este tipo de faltas serán sancionadas con la expulsión de dos meses a tres años y la pérdida de la matrícula.
– Graves: hacerse de forma indebida con exámenes, acceder sin autorización a los sistemas informáticos de la universidad o dañar de forma grave el patrimonio de la universidad. Para estos casos se podrá expulsar al alumno durante un mes o la pérdida de la matrícula de la asignatura en la que se haya cometido el fraude.
– Leves: acceder a las instalaciones universitarias sin autorización o copiar en un examen. Las faltas leves, que se solventan con una amonestación privada que puede ir acompañada de medidas sustitutivas de carácter educativo o recuperador.
En los próximos días, se iniciará una fase de audiencia pública para que los agentes implicados hagan las observaciones adicionales que deseen. A finales del próximo verano se reenviará al Parlamento para su tramitación.