La Junta de Castilla y León ha presentado una demanda judicial contra el Estado en la que le reclama el IVA no ingresado en diciembre de 2017.
Ante la falta de respuesta por parte del Gobierno ante las reclamaciones efectuadas por la Junta de Castilla y León durante el presente año, el gobierno Autonómico ha presentado una demanda judicial ante el Tribunal Supremo, reclamando el abono de los 182 millones de euros que corresponden al IVA pagado por los ciudadanos durante el mes de noviembre de 2017.
El conflicto ha surgido al establecerse un nuevo sistema de registro a través de la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria, que cambió la fecha límite para liquidar el ingreso del IVA, un mes después, por lo que el pago efectuado en noviembre, pasó de contabilizarse en diciembre, a hacerlo en el mes de enero de 2018, es decir en otro ejercicio y con la correspondiente pérdida de la financiación para Castilla y León en el año 2017.
Esta situación obligó a que la Comunidad tuviera que acudir a un sistema de crédito para atender los servicios esenciales.