El plan de empleo sumergido entra en vigor este fin de semana, momento a partir del cual y hasta el próximo 31 de julio, los empresarios que lo deseen podrán dar de alta a la Seguridad Social a los empleados que no tienen declarados sin recibir la sanción administrativa correspondiente, A partir de esa fecha las sanciones se elevarán y se perderán algunos derechos. Según informa el Boletín Oficial del Estado a partir del próximo 31 de julio, se endurecerán las sanciones a empresas y trabajadores que en algunos casos se pueden multiplicar hasta por cinco.
De esta forma una empresa que incumpla la obligación de alta de un trabajador en la Seguridad Social tendrá a partir de agosto una sanción mínima de 3.126 euros, cinco veces superior a la actual de 626 euros, y máxima de 10.000 euros, frente a los 6.250 euros actuales
Este nuevo plan además incluye la penalización a las empresas que contraten a personas que perciban prestaciones por desempleo, de esta forma la sanción mínima pasará de 6.251 euros a 10.000 euros, mientras que la máxima se mantendrá en los 187.515 euros. Lo mismo puede ocurrir con el trabajador que perderá todos sus derechos y prestaciones además de tener que afrontar la sanción económica correspondiente.
El Real Decreto también contempla que las empresas que hayan cometido infracciones muy graves perderán automáticamente las ayudas, bonificaciones y, en general, los beneficios derivados de la aplicación de los programas de empleo.