El Gobierno pretende reformar la ley de morosidad, mediante la cual se establecería un máximo de 60 días para pagos a empresas, y 30 días para administraciones públicas.
La Comisión de Industria, Turismo y Comercio del Congreso se encargó ayer de analizar la reforma que se pretende realizar, y tras una primera consulta, todos los grupos políticos están de acuerdo con la medida, excepto Convergencia y unión.
La propuesta proviene del grupo socialista que trata de promover esta reforma junto a la futura Ley de Economía Sostenible.
Esta medida permitirá tener más solvencia a los autónomos y evitará que muchas empresas tengan que cerrar debido a la cantidad de deudas sin cobrar, como ya ha ocurrido en el pasado. De ser aprobada la ley reformada, las empresas tendrán 60 días para abonar sus deudas y las administraciones públicas únicamente 30 días.