La Junta de Gobierno del Consorcio de Gestión de Residuos Girsa ha aprobado asumir hasta el 1 de enero de 2026 los costes de la entrada en vigor de la ley 7/2022, que recoge la obligación de trasladar a los ayuntamientos los gastos derivados de la gestión de residuos.
De esta manera, Girsa se hará cargo de casi 2,1 millones de euros, lo que supondrá, en palabras del presidente de La Salina, Javier Iglesias, “un balón de oxígeno para los ayuntamientos”.
La nueva normativa estatal obliga a que los ayuntamientos asumen el coste real de la gestión de tratamiento de los residuos y a ello se suma un nuevo impuesto sobre la emisión de gases de efecto invernadero, que grava los residuos depositados en vertederos con un mínimo de 7€ por tonelada.
Frente a esta situación, Girsa, como entidad supramunicipal, sí tiene capacidad para adaptar sus ordenanzas en cualquier momento del ejercicio, por lo que ha aprobado hacer uso de esta flexibilidad para evitar que los ayuntamientos tengan que asumir el coste extra en 2025.
Esta medida permitirá a los ayuntamientos planificar con calma sus recursos, ajustar sus ordenanzas y planificar el próximo ejercicio presupuestario y, al mismo tiempo, proteger a los contribuyentes de cargas fiscales inesperadas.