El Gobierno otorgó tres meses de moratoria para que las empresas que emplearan a trabajadores en negro se regularizaran. Una vez expirado el plazo, ninguna empresa salmantina se ha acogido a la medida, siendo una medida que no ha cosechado ningún éxito.
El pasado 7 de mayo se publicó una moratoria por parte del Gobierno central, para permitir la regularización de trabajadores que estuvieran trabajando sin contrato y sin ser dados de alta en la Seguridad Social.
Una vez pasado el plazo, se evidencia el fracaso de la medida, ya que en Salamanca no se ha legalizado el estado de un solo trabajador. Por ello las autoridades realizarán planes específicos de control de puestos de trabajo, endureciéndose las multas.
La cuantía de las sanciones aumenta hasta 10.000 euros de mínima y la máxima se fija en 187.515 euros para las empresas. Para los trabajadores que cobren algún tipo de ayuda y además perciban un salario en negro, se les retirará la ayuda por un periodo de dos años.
Según datos de Hacienda, la economía sumergida ha crecido en Salamanca un 12% en los últimos años, llegando a un volumen de 1.562 millones de euros.