La reclamación de la Junta de Castilla y León planteada contra el Gobierno por la liquidación del IVA del ejercicio de 2017 ha sido atendida y el Tribunal Supremo ha dictaminado que el Gobierno tendrá que pagar 182 millones.
El Tribunal Supremo le ha dado la razón a la Junta de Castilla y León en el contencioso administrativo interpuesto en septiembre del pasado año, una vez que el Consejo de Ministros no atendiera la petición de la Junta que solicitaba el pago de 182 millones. Ahora lo tendrá que afrontar el Gobierno.
El presidente de la Junta de Castilla y León ha señalado que espera poder recibir cuanto antes el dinero. Y ha apuntado que se invertirá en la reactivación económica de los castellanos y leones.
Tras la decisión del Supremo, son varias las Comunidades Autónomas que han dicho que ya están estudiando las posibles reclamaciones para recuperar las cantidades que el Gobierno dejó de pagar a cada uno de sus territorios en sus liquidaciones del IVA.