La Junta de Castilla y León quiere dar un impulso económico a las empresas y trabajadores, destinando 121 millones de euros a la ayuda de empresas y trabajadores afectados por el covid-19.
El Consejo de Gobierno ha aprobado un decreto ley de medidas urgentes y extraordinarias que incluye seis apartados de ayudas a trabajadores, autónomos y compañías, además de otras destinadas a la industria cultural y al turismo.
También se ha establecido una bonificación del 50% del alquiler de viviendas de protección pública por 4 meses y la prórroga de pago en caso de compra.
El objetivo de estas ayudas, a las que se destinarán 121,5 millones de euros, de los que 115,9 millones serán ayudas a fondo perdido, es agilizar las subvenciones para atender las necesidades de empresas y ciudadanos afectados. De esta manera se pretende mitigar las consecuencias de la pandemia, evitar que salgan del mercado laboral el menor número de personas posibles y relanzar la economía una vez se supere esta emergencia sanitaria.
En el texto figuran seis puntos, donde el primero describe el objeto de la ley; el segundo detalla las medidas de protección y mantenimiento del empleo; el tercero recoge las específicas para los sectores de la cultura, el turismo y el deporte; el cuarto engloba las destinadas a la prevención de riesgos laborales; el quinto regula el pago de las cuotas de compra y alquiler de las viviendas de protección pública y, por último, el capítulo sexto se centra en los mecanismos para el seguimiento de la ejecución de las distintas acciones, lo que esencialmente se hará a través de los marcos institucionales permanentes de encuentro del Diálogo Social.
Entre las disposiciones adicionales se contemplan las aplicaciones de control financiero y la gestión de créditos, así como su desarrollo, ejecución, entrada en vigor y su vigencia.
También se recoge una compensación económica para los empleados afectados por los ERTEs, con un complemento de hasta siete euros por día natural y se concretará en una convocatoria posterior. Además de una ayuda de 430 euros para trabajadores que ya no perciben ningún tipo de prestación o subsidio por desempleo.
Por su parte, las empresas que realicen contratos indefinidos, así como las que tengan que reforzar sus plantillas, podrán acogerse a subvenciones de hasta 10.000 euros. También se quiere prestar especial atención a los autónomos con cinco líneas de ayuda y así dar respuesta a este tipo de colectivos, como la reducción de cuotas de la Seguridad Social, facilitar la reincorporación a la actividad con el pago del 40 % de la cuota de cotización por tres meses y ayudas de hasta 10.000 euros para aquellos que decidan empezar de nuevo después de perder su empleo en esta crisis.
El decreto ley aprobado por el Consejo de Gobierno entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León, aunque será convalidado por las Cortes de Castilla y León.