La Junta de Castilla y León aprobó dos decretos mediante los cuales se pretende regular las explotaciones agrarias y las organizaciones agroalimentarias. Con el objetivo de seguir incrementando la productividad y competitividad del sector, además de su crecimiento.
En el primero de los casos se trata de la puesta en marcha de un registro único, público, obligatorio y gratuito, en el que se inscribirán todas las explotaciones de la Comunidad, para así poder acreditar y comprobar el cumplimiento de los requisitos de la nueva PAC. Simplificando en uno sólo, los 35 registros existentes en la actualidad, para de esta forma, agilizar los trámites burocráticos tanto para la administración, como para los propietarios.
En el segundo de los casos, se regularán las organizaciones agroalimentarias, teniendo como objetivos la creación de una figura que actúe como órgano de interlocución y de toma de decisiones entre todos los agentes de la cadena de valor, la aplicación de las normas a favor de la calidad y por último, un registro de estas organizaciones.
Con la aprobación de estas normas, se inicia el desarrollo normativo de la Ley Agraria de Castilla y León.