La Comisión de Industria, Turismo y Comercio del Congreso de los Diputados aprobó ayer la Ley de Morosidad impulsada por CiU, que fija unos plazos máximos de 60 días para los pagos de empresas a sus proveedores y de 30 días en el caso de las administraciones públicas, si bien establece un periodo “de adaptación” en ambos casos que se extenderá hasta 2013.
La Comisión de Industria en el Congreso aprobó que las administraciones abonen sus facturas en un plazo máximo de 30 días y será de 60 en el caso de las empresas que tengan que hacer frente a su pago a los proveedores. Estas resoluciones tendrán un periodo de adaptación pero se exigirá que se cumpla la norma a partir del 2013.
Para las empresas privadas, la entrada en vigor de la ley se producirá el año que viene y durante ese año el plazo máximo para pagar se establecerá en 85 días, pasando a 75 al año siguiente para después llegar durante el 2013 a los 60 días que marca la ley, terminando así con el periodo transitorio. En el caso del sector de la alimentación para productos frescos y perecederos quedarán obligados a pagar en 30 días en todos los casos, sin poder ampliarse.
La oposición forzó que el pago entre empresas se realice en 60 días a contar después de la fecha de recepción de las mercancías o servicios y no, como hasta ahora, dentro de un plazo a contar desde la recepción de la factura.