En nuestra comunidad autónoma podría haber 249 directores de colegios, que renovaron automáticamente su mandato, de manera ilegal.
Los servicios jurídicos de la Junta están estudiando diversas fórmulas para enfrentarse a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que declara «ilegal» el nombramiento de 249 directores de colegios e institutos de la comunidad autónoma, a los que en el 2006 el Gobierno regional renovó automáticamente el mandato por cuatro años cuando la ley sólo les daba un año de plazo para poder aplicar las directrices establecidas por la nueva Ley Orgánica de Educación (LOE).
La Junta respeta la sentencia y se está buscando la fórmula más adecuada para que los centros no se vean perjudicados. Los colegios necesitan un director y los que menos han de verse perjudicados son los alumnos, según explicó el portavoz del Ejecutivo autónomo De Santiago-Juarez.
Estas renovaciones automáticas se han producido por el proceso de cambio entre las leyes de la educación. La nueva ley que entró en vigor en el año 2006, renovó a algunos directores por cuatro años, que tenían que renovarse al año siguiente acatando las nuevas pautas, pero la Junta, les renovó el mandato por cuatro años más, decisión que fue denunciada por la Asociación de Profesores de Enseñanza Secundaria (Aspes), a quien el alto tribunal regional ha dado la razón. En lo que respecta a nuestros centros parece que no afecta esta polémica.